El veto presidencial a la Ley de Emergencia en Discapacidad sufrió un revés contundente en la Cámara de Diputados, con un rechazo de mayoría especial (172 votos afirmativos, 73 negativos y 2 abstenciones). En respuesta, la Casa Rosada ya comenzó a diseñar un plan judicial para impedir que la norma entre en vigencia, incluso si es confirmada con insistencia en el Senado.
El Ejecutivo está barajando dos líneas de argumentación jurídica:
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Impugnar la validez de la sesión del Senado que ratifique la ley, afirmando que la convocatoria corresponde exclusivamente al Poder Ejecutivo.
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Sostener que el Congreso no puede aprobar normas sin garantizar disponibilidad de recursos; en este caso, la ley representa un costo fiscal significativo estimado en entre el 0,25 % y el 0,45 % del PBI.
El vocero presidencial, Manuel Adorni, ya anticipó públicamente estos pasos y anunció una posible revisión de los montos destinados a prestaciones para personas con discapacidad, aunque sin extender las modificaciones a otros sectores como salud o jubilaciones.
Por otro lado, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, aseguró que el Gobierno “no podrá cumplir” con la implementación de estas normas por la falta de recursos, y defendió que el Presupuesto debería ser la vía para sancionar cualquier gasto obligatorio.