Sobre llovido, mojado. Al escándalo por las supuestas coimas en la compra de medicamentos durante la gestión de Diego Spagnuolo al frente de la Administración Nacional de Discapacidad (ANDIS), el Gobierno puso bajo análisis los procedimientos aplicados para la baja de más de 111 mil pensiones por invalidez laboral. Y en las primeras indagaciones, detectó errores.
Tras la difusión de los audios, el Ejecutivo puso en marcha una auditoría integral sobre la labor de Diego Spagnuolo, extendiendo el análisis más allá de los contratos con la droguería Suizo Argentina, para abarcar la metodología empleada en la suspensión de estos beneficios.
El funcionario desplazado después del escándalo había sido designado con la misión de ordenar el funcionamiento de la ANDIS y depurar el padrón de más de 1.250.000 pensiones no contributivas por invalidez laboral, que creció exponencialmente durante los cuatro gobiernos kirchneristas. La sospecha es que se utilizaron como plan social, desvirtuando su objetivo.
El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, en su informe del miércoles pasado ante la Cámara de Diputados transmitió que la Administración Nacional de Discapacidad había dado de baja 111.463 pensiones no contributivas por invalidez laboral. Fue el resultado de la auditoría que el propio Spagnuolo inició en enero, con un procedimiento basado en citaciones dirigidas por carta documento al domicilio que figuraban en los trámites originales.
De acuerdo con la información enviada a los diputados por la Jefatura de Gabinete, del casi millón de citaciones, la mitad no respondió o no llegó siquiera a destino. Las cifras oficiales muestran que el proceso de citación presenta dificultades significativas. De las 997.654 citaciones emitidas, 504.802 no fueron entregadas, lo que representa un 50,59 % del total.
El desglose provincial revela disparidades notables: en Chaco, el 79,08 % de las citaciones no llegó a destino, mientras que en Buenos Aires el porcentaje fue del 38,26%. Otras provincias, como Formosa y Misiones, también registraron tasas elevadas de notificaciones fallidas, con 73,91% y 73,57% respectivamente.
Esta semana, junto con el escándalo por los audios sobre supuestas coimas en la compra de medicamentos, las oficinas de ANDIS fueron epicentro de reclamos de beneficiarios que reclamaban porque dejaron de cobrar los 280 mil pesos mensuales.
“Hubo errores y lo estamos investigando. La revisión de las pensiones por discapacidad va a continuar, pero es cierto que algunas fueron dadas de baja de manera incorrecta”, admitieron fuentes oficiales.
Después de las filtraciones de los audios, el Gobierno echó a Spagnuolo, intervino ANDIS y nombró a Alejandro Vilches para revisar toda la actuación de quien fuera abogado personal de Javier Milei y una persona de su círculo más íntimo. La designación formal ocurrió el lunes y el jueves se firmó la orden de auditar con apoyo de la Sindicatura General de la Nación (Sigen) las cuentas y los procedimientos.
Gestiones opacas
En las primeras indagaciones -con el telón de fondo del escándalo político que puso en zozobra al Gobierno- se detectaron procedimientos discrecionales para la compra de medicamentos, que se hacían mediante correos electrónicos y por fuera del sistema Compr.Ar, que tiene la administración pública central.
En casi 20 meses de gestión, Spagnuolo no modificó esos procedimientos opacos de contratación, que tenía al programa Incluir Salud, que dependía de ANDIS, como responsable de adquirir los medicamentos y tratamientos para las personas con discapacidad.
Allí es donde se habrían producido las irregularidades que se ventilaron por los audios grabados de manera clandestina y en los que el ex funcionario salpica a Eduardo “Lule” Menem. “Están todas las empresas calientes. Es cuestión de que vayan a preguntar para que los tipos empiecen a hablar”, se lo escuchó decir a Spagnuolo.
“A ver, nosotros ya tenemos todos repartido. Vos sabés que vendés 10. Yo sé que vendo 15 y este vende 40 y este vende 30. Esa era la repartija que había. Este vendía 30, la Suizo. ¿Hoy qué pasa? La Suizo vende 60 y ustedes venden 10, 10 y 20. Y venden poronga. Lo bueno lo vendo yo y vendo la mayor cantidad y cobro siempre primero, y todo. Esta que tenía el 40%, hoy tiene el 20 y lo mean. Obviamente está recaliente. Esta tiene más guita que esta. Son desprolijos. Todo eso es Lule. Todo eso es Lule”, se lo escuchó en otro audio.
De todos modos, esas revelaciones, que son investigados por el juez federal Sebastián Casanello y el fiscal Franco Picardi, se superpusieron con el drama cotidiano de muchos beneficiarios que fueron despojados de sus pensiones de manera incorrecta.
Los testimonios ante las cámaras de televisión y las largas filas en las oficinas que fueron allanadas dos veces por la Justicia obligaron a una revisión provisoria y urgente de las bajas y en muchos de esos reclamos se comprobaron errores.
Por último, hay otro dato que pasó inadvertido: la baja en el padrón de beneficiarios del programa Incluir Salud, el epicentro donde habrían ocurrido los supuestos negociados en la compra de medicamentos.
En el informe de gestión, la Jefatura de Gabinete compartió una planilla donde se revela que esa obra social para personas con discapacidad tuvo una reducción entre enero de 2024 y julio de 2025 de más del 25% en la cantidad de beneficiarios.
Más precisamente, el total nacional pasó de 997.842 a 730.765 beneficios, lo que implica una disminución de 267.077 personas, una variación negativa del 26,8 %. En Buenos Aires, la baja fue de 71.063 pensiones (-30,6 %), mientras que en Santa Cruz la reducción alcanzó el 39,1 %.
Sobre esa reducción, que supera largamente las bajas en la cantidad de pensiones, no hubo explicaciones oficiales. Y también están bajo análisis de la nueva intervención.