La Cámara de Diputados sancionó una batería de modificaciones que restringen la utilización de decretos de necesidad y urgencia (DNU) por parte del Ejecutivo. La propuesta, respaldada mayoritariamente por sectores de la oposición, incorpora mayores controles parlamentarios para evitar el abuso de esta herramienta.
Entre los cambios contenidos en el proyecto aprobado figura un plazo máximo de 90 días para que el Congreso se pronuncie sobre la validez de los decretos; de lo contrario, quedarían sin efecto. También se exige que ambos cuerpos legislativos otorguen su aprobación explícita para que los DNU continúen vigentes.
Pese al avance legislativo, el oficialismo ya apuntó que el presidente Javier Milei podría ejercer su potestad de veto sobre la norma. Desde el sector de gobierno sostienen que la medida podría provocar inestabilidad institucional y cuestionan su constitucionalidad.
Queda ahora por resolver si el Senado acompañará la iniciativa tal como fue aprobada en Diputados o introducirá modificaciones. En paralelo, se especula sobre la capacidad de la oposición para sostener la norma frente a un posible veto del Ejecutivo.