El juez federal Daniel Rafecas desestimó todas las maniobras legales del ex presidente Alberto Fernández para evitar llegar a juicio oral. En una resolución de 30 páginas, el magistrado rechazó los planteos de nulidad que presentó la defensa, dejando así expedito el camino para que el procesamiento avance hacia la etapa de debate público. El Ministerio Público Fiscal, a través del fiscal Ramiro González, ya había solicitado la elevación a juicio hace un año, considerando concluida la investigación sobre los delitos de lesiones leves en dos ocasiones y lesiones graves agravadas por el vínculo, abuso de poder y amenazas coactivas.
La defensa de Fernández, encabezada por la abogada Silvina Carreiro, había cuestionado la validez de toda la investigación realizada por el juez Julián Ercolini, argumentando que existía parcialidad y que los actos procesales estaban contaminados. Sin embargo, Rafecas señaló que la Cámara Federal de Casación Penal ya había confirmado que el apartamiento de Ercolini se produjo únicamente para disipar sospechas de parcialidad, no porque se hubiera comprobado un trato injusto real. El magistrado explicó que retrotraer la investigación a su estado inicial supondría un desgaste jurisdiccional innecesario y contravendría los principios de celeridad procesal.
Las acusaciones contra el ex mandatario comprenden hechos de violencia de género ocurridos desde 2016 hasta agosto de 2024 contra su entonces pareja, Fabiola Yañez. Según el procesamiento confirmado por la Cámara, Fernández ejerció violencia psicológica de manera habitual mediante acoso, hostigamientos, controles, insultos y destrato, además de episodios de violencia física recurrente. El tribunal consideró probado que la relación estuvo atravesada por una asimetría de poder que colocó a Yañez en especial situación de vulnerabilidad.
Los delitos atribuidos al ex presidente concursan en una pena de entre 3 y 18 años de prisión. La investigación se remonta a una revelación periodística que derivó en la apertura de la causa, y contempla tanto el período en el que Fernández estaba en funciones como presidente como los meses posteriores a su salida del poder en diciembre de 2023. El tribunal también dispuso un embargo por diez millones de pesos y mantiene vigentes las medidas cautelares adoptadas durante el proceso.
Con el rechazo de estos últimos planteos, apenas resta que el juez Rafecas firme formalmente la elevación a juicio oral, momento en el cual Alberto Fernández deberá presentarse ante un tribunal para responder por los cargos en una audiencia pública. Este desarrollo marca un punto de quiebre en la causa, cerrando definitivamente las posibilidades de obstrucción procesal y encaminando el caso hacia su etapa de debate y sentencia.
Fuente: www.clarin.com