El gobierno bonaerense busca anular un fallo que lo obliga a pagar $5.500 millones, en un contexto de asfixia económica que derivó en advertencias del radicalismo y concesiones de la Jefatura de Gabinete a los municipios.
El Ejecutivo bonaerense acudirá a la Corte Suprema de Justicia para intentar anular una sentencia que obliga a la Provincia a pagarle a la Nación 5.500 millones de pesos por un contrato de locomotoras de 1999. La judicialización de este pasivo histórico escala en un momento de extrema tensión por la distribución de recursos entre las distintas jurisdicciones y la disputa técnica sobre la pesificación de la deuda.
La contienda en el máximo tribunal coincide con el reclamo de los jefes comunales del interior sobre el ahogo financiero de las arcas locales. El intendente de Tandil, Miguel Lunghi, advirtió públicamente que el esquema actual vuelve “inviable” a la provincia de Buenos Aires y exigió la discusión de una nueva Ley de Coparticipación, cuestionando la falta de articulación institucional entre las administraciones nacional y provincial para sostener los servicios básicos.
Ante la presión de los ejecutivos municipales, el ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco, respaldó el pedido de los intendentes para garantizar la libre disponibilidad de los fondos transferidos por la Provincia. La habilitación busca descomprimir la tensión territorial y otorgarle margen de maniobra financiera a los distritos frente al recorte de partidas federales y la caída general de la recaudación.